Tregua de cinco años para legalizar la vivienda de una ecoaldea en Huelva

Los vecinos de El Calabacino celebran el acuerdo que permite a una pareja permanecer en su casa irregular del Parque Natural del Aracena y librarse de una pena de prisión.

Nuevos retos en el desafío campal de la ecoaldea onubense de El Calabacino, en el Parque Natural de Aracena. Juan Jesús Pérez y María Puente han pasado de enfrentarse a dos años de prisión, pagar 3.000 euros de multa y una orden de derribo de su casa por un presunto delito contra la ordenación del territorio y el medioambiente, como pedía la Fiscalía de Medio Ambientem a tener cinco años de tregua para legalizar su vivienda. El juez de lo penal 4 de Huelva ha dado su conformidad al acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y la defensa para que la pareja pueda seguir residiendo en la casa con sus dos hijos durante este periodo y la condena quede limitada a año y medio de cárcel y a una multa de 1.800 euros.

La lucha se traslada así durante el próximo lustro al Ayuntamiento de Alájar y la Consejería de Medio Ambiente. El siguiente paso es que se apruebe el nuevo Plan de Gestión y Ordenación Urbanística (PGOU) de la localidad en el que se incluya la legalización de lo construido como «hábitat rural diseminado, al amparo del Decreto 2/2012», como se lee en texto rubricado este lunes por la fiscalía y la defensa. «Estamos muy contentos de poder seguir en casa con la familia, como madre te da susto verte en la cárcel y con deudas. Eso nos desestructuraría y supondría un choque muy fuerte. Ahora queda que esto se pueda resolver entre todos y que sirva a los demás», dice María Puente, una de las acusadas, que también debe resolver el aspecto del material empleado para la construcción de su vivienda. «Se ha utilizado paja y madera, lo que supone riesgo de incendio», añade el texto.